Según la Corte constitucional, es deber del estado y de las administraciones locales, no solo garantizar la protección del espacio público, sino también implementar estrategias de reubicación y diálogo con quienes lo ocupan. Es por esto que organizaciones como el Instituto Para la Economía Social (IPES), en conjunto con las alcaldías, han desarrollado diferentes proyectos de reubicación, capacitación y formalización de trabajadores informales, con el fin de darles mayores oportunidades en el sector laboral.

 

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, alrededor de 3.295 vendedores informales ya han pasado al trabajo formal y se les ha otorgado puestos autorizados por la administración. Adicionalmente, se ha dado apertura a otros programas de ayuda a los vendedores ambulantes, como el de la Red de Prestación de Servicios al usuario del espacio público (REDEP); el cual otorga quioscos, bodegas, carpas y servicios de baño a los vendedores. Sin embargo, estos proyectos son solo una pequeña ayuda, que no representa un gran cambio dentro del gremio, pues en Bogotá hasta ahora solo existen 308 quioscos disponibles. Es decir, menos del 1% del número total de vendedores informales que hay registrados en la ciudad.

 

Teniendo en cuenta todo esto, es importante resaltar que estos servicios no se acomodan a las necesidades de todos los vendedores, pues en estos puntos no hay acceso a servicios de gas o agua potable, lo que significa un problema, especialmente para los vendedores de alimentos.

 

En Colombia, específicamente en Bogotá, según cifras del Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), para el 31 de diciembre del 2018, en la ciudad habían 52.908 vendedores registrados, de los cuales 5.182 se dedican a la venta de alimentos. La mayoría de estos vendedores se ubican principalmente en sectores comerciales o en zonas donde el tránsito de personas es elevado, con el fin de tener más posibilidad de venta durante el día.

 

Sin embargo, la venta de alimentos por parte de vendedores informales se ha convertido en un problema tanto para las administraciones locales, como para los mismos vendedores, debido a que desde las administraciones se alega que este ejercicio además de ser ilegal, constituye un riesgo para los ciudadanos en cuanto a salud y seguridad.

 

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